La Justicia que Mira y no Ve
Darío Jerez fue desaparecido el 25 de octubre del año 2001 en Santa Teresita, Prov. de Buenos Aires. Estaba casado con Viviana Zubiaurre y tenía tres hijos, Julian (16), Joaquín (15) y Germán (11). Trabajaba como vendedor de la empresa ARCOR y en la financiera local COMPRAR S.R.L.
Su desaparición se dio en el contexto de un clima político que incluyó elecciones ganadas tras una polémica profanación de tumbas (de familiares del intendente y de un funcionario municipal del momento, en medio de un fuerte rumor que indicaba al hecho como una auto profanación destinada a victimizar y colaborar con el triunfo del oficialismo radical) y la bomba en una iglesia, suceso que trascendió a nivel nacional.
Durante la investigación se realizaron varios operativos en busca del cuerpo de Jerez: Rastrillajes en la Ría Ajó de Gral. Lavalle y también en la playa, médanos y bosques locales, exhumación de un cadáver enterrado como NN en el cementerio de Mar de Ajó, excavación en un terreno de la localidad de San Clemente. Todos con resultado negativo por sustentarse en pistas falsas destinadas al desvío de la investigación.
Recién en marzo de 2013 la causa llegó a debate oral por el delito de encubrimiento con los imputados: Jorge Grande, Daniel López y Cristian Ibarra (ex funcionarios del gobierno municipal de Guillermo Magadán -UCR-), Alejandro Muñoz y Carlos Subirol (miembros de COMPRAR SRL); además de Leandro Alzugaray, imputado por falso testimonio.
En abril de 2013, el TOC2 de la ciudad de Dolores (Ávalos, Tamagno y Colombo) falló por la absolución de todos los imputados por entender que la prueba existente no era suficiente para acreditar la desaparición forzada, y por tanto no existía un delito que encubrir.
En junio de 2014, la Sala 4ª de la Cámara de Casación (Kohan y Natiello) resolvió los recursos interpuestos, anuló el veredicto basándose en la más que clara evidencia de una errónea valoración de la prueba por parte del tribunal inferior y ordenó la realización de un nuevo juicio. Dos años más tarde, en mayo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires (Lázzari, Negri, Pettigiani y Soria) ratificó la sentencia de Casación.
En septiembre de 2017 el TOC2 (Lazzari, Merlo y Olmedo) decretó la prescripción de la causa, confirmada luego por la Cámara de Apelaciones (Sotelo y Darling Yaltone) el 28 de diciembre de 2017.
En mayo de 2019 la Sala 4ª de la Cámara de Casación (Kohan y Natiello) resolvió la prescripción de la causa por encubrimiento.
En la actualidad estamos trabajando en una presentación internacional del caso. Continúa la investigación en la causa principal. El ministerio de Seguridad de La Nación ofrece una recompensa de $500.000 a quien aporte datos que puedan servir para dar con el paradero de Darío.
Imágenes del Juicio Oral y Público llevado a cabo en la ciudad de Dolores en el año 2013